¿POR QUÉ DERROCARON A LUGO?
(Tomado de La Isla Desconocida)
El golpista Federico Franco
por Atilio Borón.
Hace unos
minutos se acaba de consumar la farsa: el presidente del Paraguay Fernando Lugo
fue destituido de su cargo en un juicio sumarísimo en donde el Senado más
corrupto de las Américas -¡y eso es mucho decir!- lo halló culpable de
"mal desempeño" de sus funciones debido a las muertes ocurridas en el
desalojo de una finca en Curuguaty.
Es difícil
saber lo que puede ocurrir de aquí en más. Lo cierto es que, como lo dice el
artículo de Idilio Méndez que acompaña esta nota, la matanza de Curuguaty fue
una trampa montada por una derecha que desde que Lugo asumiera el poder estaba
esperando el momento propicio para acabar con un régimen que, pese a no haber
afectado a sus intereses, abría un espacio para la protesta social y la
organización popular incompatible con su dominación de clase.
Pese a las
múltiples advertencias de numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay, Lugo no
se abocó a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza
social que con gran entusiasmo lo elevó a la presidencia en Agosto del 2008.
Su
gravitación en el Congreso era absolutamente mínima, uno o dos senadores a lo
máximo, y sólo la capacidad de movilización que pudiera demostrar en las calles
era lo único que podía conferirle gobernabilidad a su gestión.
Pero no lo
entendió así y a lo largo de su mandato se sucedieron múltiples concesiones a
una derecha ignorando que por más que se la favoreciera ésta jamás iría a
aceptar su presidencia como legítima. Gestos concesivos hacia la derecha lo
único que hacen es envalentonarla, no apaciguarla.
Pese a estas
concesiones Lugo siempre fue considerado como un intruso molesto, por más que
promulgara en vez de vetarlas las leyes antiterroristas que, a pedido de
"la Embajada", aprobaba el Congreso, el más corrupto de las Américas.
Una derecha
que, por supuesto, siempre actuó hermanada con Washington para impedir, entre
otras cosas, el ingreso de Venezuela al Mercosur. Tarde se dio cuenta Lugo de
lo "democrática" que era la institucionalidad del estado capitalista,
que lo destituye en un tragicómico simulacro de juicio político violando todas
las normas del debido proceso.
Una lección
para el pueblo paraguayo y para todos los pueblos de América Latina y el
Caribe: sólo la MOVILIZACIÓN y ORGANIZACIÓN POPULAR sostiene gobiernos que
quieran impulsar un proyecto de transformación social, por más moderado que
sea, como ha sido el caso de Lugo.
La
oligarquía y el imperialismo jamás cesan de conspirar y actuar, y si parece que
están resignados esta apariencia es enteramente engañosa, como lo acabamos de
comprobar hace unos minutos en Asunción.
Monsanto
golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo.
Idilio
Méndez Grimaldi (*)
¿Quiénes
están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que
promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor,
ahora y en el futuro.
El viernes
15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden de
desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue
emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras
para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un
latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y
decenas de heridos graves. Las consecuencias: el laxo y timorato gobierno de
Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más
derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado
por la derecha; duro revés para la izquierda, para las organizaciones sociales
y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los
campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las
transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el
arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para
los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
El 21 de
octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el
liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico
Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su
siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones
ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con
el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas
del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el
capullo del textil. El Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel
Lovera, no inscribió dicha semilla transgénica en los registros de cultivares,
por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del
Ambiente, tal como exige la legislación.
Campaña
mediática
Durante los
meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción,
UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color,
arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica
de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La cuenta
regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una
seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de
junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a
través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres, representante
técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, recientemente
adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra transnacional, todas
socias de la UGP.
Al día
siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12
argumentos para destituir a Lovera” (1) Estos presuntos argumentos fueron
presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de
Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba
como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El viernes
15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar un
comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India, del
sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay por la
presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En esas
horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el marco
de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional
Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o
Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La
pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de
esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países
del mundo.
Previamente
a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos
hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro
del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable
a Monsanto.
Monsanto
facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no
declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso
de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura por
la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es transgénica en
una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una producción en
torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por otro
lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley de
Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del
Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su
cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz,
arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la
eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de
funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En tanto
transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto de
protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio
próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las reivindicaciones
del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así
como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo
comercial.
Las
conexiones
La UGP está
dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón Sánchez -
quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros agentes de
las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de varias
empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo,
director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo el régimen de
Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP. El Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una
de las transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad
construyó uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado
Puerto Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado
paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las
transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos,
mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la
derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El
60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor
Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario
representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de
dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio
produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de
dólares anuales. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85
por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2
por ciento de propietarios (3) que se dedican a la producción meramente
extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría
de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen
estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan
sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en
el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio
y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres
poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales del
sector financiero y del agronegocio.
Los hechos
de Curuguaty
Curuguaty es
una ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de
Asunción, capital del Paraguay. A unos kilómetros de Curuguaty se halla la
estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil
hectáreas en ese lugar. Riquelme proviene de la entraña de la dictadura de
Stroessner (1954-1989) bajo cuyo régimen amasó una inmensa fortuna, aliado al
general Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al
dictador Stroessner. Riquelme, que fue presidente del Partido Colorado por muchos
años y senador de la República, dueño de varios supermercados y
establecimientos ganaderos, se apropió mediante subterfugios legales de unas
2.000 hectáreas, aproximadamente, que pertenecen al Estado paraguayo.
Esta parcela
fue ocupada por los campesinos sin tierras que venían solicitando al gobierno
de Fernando Lugo su distribución. Un juez y una fiscala ordenaron el desalojo
de los campesinos, a través del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la
Policía Nacional, cuyos miembros de élite en su mayoría fueron entrenados en
Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha contrainsurgente.
Sólo un
sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía, con la
complicidad de la Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron 6
policías. No se comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del
Plan Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por
campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas. Sus
camaradas reaccionaron y acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando
unos 50 heridos. Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario
Erven Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad
del presidente Lugo.
El plan
consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo, a todas las
organizaciones campesinas, para empujar a los campesinos a abandonar el campo
para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, de
descampesinización del campo paraguayo, que atenta directamente contra la
soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los
campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní.
Tanto la
Fiscalía o Ministerio Público, como el Poder Judicial y la Policía Nacional,
así como diversos organismos del Estado paraguayo, están controlados mediante
convenios de cooperación por USAID, la agencia de cooperación de los Estados
Unidos.
El asesinato
del hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente es
un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo objetivo,
probablemente a través de un juicio político, quien derechizó más su gobierno
tratando de calmar a los oligarcas. Lo ocurrido en Curuguaty tumbó a Carlos Filizzola
del Ministerio del Interior y fue nombrado en su reemplazo a Rubén Candia
Amarilla, proveniente del opositor Partido Colorado, al cual Lugo lo derrotó en
las urnas en el 2008, luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la
tiranía de Alfredo Stroessner.
Candia fue
ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y se
desempeñó como fiscal general del Estado por un periodo, hasta el año pasado,
cuando fue reemplazado por otro colorado, Javier Díaz Verón, a instancia del
propio Lugo. Candia es acusado de haber promovido la represión a dirigentes de
organizaciones campesinas y de movimientos populares. Su nominación a Fiscal
General del Estado en el 2005 fue aprobado por el entonces embajador de los
Estados Unidos, Jhon F. Keen. Candia fue responsable de un mayor control por
parte de USAID del Ministerio Público y fue acusado en los inicios de su
gobierno por Fernando Lugo de conspirar en su contra para quitarlo del
gobierno. Tras asumir como el ministro político de Lugo, lo primero que anunció
Candia fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que
invaden propiedades. El mensaje es que no habrá conversación, sino simplemente
la aplicación de la ley, lo que significa emplear la fuerza policial represiva sin
contemplación.
Dos días
después de asumir Candia Amarilla, los miembros de la UGP, encabezado por
Héctor Cristaldo, ya visitaron al flamante ministro del Interior, a quien
solicitaron garantías para la realización del denominado tractorazo. Sin
embargo, Cristaldo dijo que la medida de fuerza puede ser suspendida en caso de
nuevas señales favorables para la UGP (léase liberación de las semillas
transgénicas de Monsanto, destitución de Lovera y otros ministros, entre otras
ventajas para el gran capital y los oligarcas) derechizando aun más el
gobierno.
Cristaldo es
precandidato a diputado para las elecciones de 2013 por un movimiento interno
del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, un empresario investigado en
el pasado reciente por Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico,
según el propio diario ABC Color, que se hizo eco de varios cables del
Departamento de Estado de USA, publicado por WikiLeaks, entre ellos uno que
aludía directamente a Cartes, el 15 de noviembre de 2011.
Juicio político
a Lugo
En las
últimas horas, mientras se redactaba esta crónica, la UGP, (4) algunos
integrantes del Partido Colorado y los propios integrantes del Partido Liberal
Radical Auténtico, PLRA, dirigido por el senador Blas Llano y aliado del
gobierno, amenazan con un juicio político Fernando Lugo para destituirlo como
presidente de la República del Paraguay.
Lugo depende
del humor de los colorados para seguir como presidente de la República, así
como de sus aliados liberales, que ahora lo amenazan con juicio político, con
seguridad buscando más espacios de poder (dinero) como prenda de paz. El
Partido Colorado, aliado a otros partidos minoritarios de la oposición, tiene
la mayoría necesaria como para destituir al presidente de sus funciones.
Quizás se
esperan “las señales favorables” de Lugo que la UGP - en nombre de la Monsanto,
la patria financiera y los oligarcas - está exigiendo al gobierno. Caso
contrario, se estaría pasando a una siguiente fase de los planes de copamiento
de este gobierno que nació como progresista y lentamente va terminando como
conservador, controlado por los poderes fácticos.
Entre
algunos de sus haberes, Lugo es responsable de la aprobación de la Ley
Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en todo el mundo después del 11
S. Autorizó en 2010 la implementación de la Iniciativa Zona Norte, consistente
en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte
de la Región Oriental - en las narices del Brasil - supuestamente para
desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas.
El Frente
Guazú, coalición de las izquierdas que apoya a Lugo, no logra unificar su
discurso, y sus integrantes pierden la perspectiva en el análisis del poder
real, cayendo en los juegos electoralistas inmediatistas. Infiltrados por
USAID, muchos integrantes del Frente Guazú que participan en la administración
del Estado, sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del
neoliberalismo. Se corrompen hasta los tuétanos y en la práctica se convierten
en émulos vanidosos de engreídos ricos que integraban los recientes gobiernos
del derechista Partido Colorado.
Curuguaty
también engloba un mensaje para la región, especialmente para Brasil, en cuya
frontera se producen estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por los
amos de la guerra, cuyos teatros de operaciones se pueden observar en Irak,
Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil está construyendo hegemonía mundial
junto a Rusia, India y China, denominado BRIC. Sin embargo, Estados Unidos no
ceja en su poder de persuasión al gigante de Sudamérica. Ya está en marcha el
nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Es un
muro de contención a los deseos expansionistas del Brasil hacia el Pacífico.
Mientras,
Washington sigue con su ofensiva diplomática en Brasilia, tratando de convencer
al gobierno de Dilma Rousseff a estrechar vínculos comerciales, tecnológicos y
militares. Entre tanto, la IV Flota de los Estados Unidos, reactivada hace unos
años después de estar fuera de servicio apenas culminó la Segunda Guerra
Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, en carácter de otro cerco al Brasil por
si no comprendiese la persuasión diplomática.
Y Paraguay
es un país en disputa entre ambos países hegemónicos, dominado aun ampliamente
por USA. Por eso lo de Curuguaty es también una pequeña señal para Brasil, en
el sentido que el Paraguay puede convertirse en un polvorín que quebrantará el
desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero por
sobre todo, los muertos de Curuguaty es una señal del capital, del gran capital,
del extractivismo expoliador, que asuela el Planeta y aplasta la vida en todos
los rincones de la Tierra en nombre de la civilización y el desarrollo. Por
fortuna, los pueblos del mundo también van dando respuestas a estas señales de
la muerte, con señales de resistencia, con señales de dignidad y de respeto a
todas formas de vida en el Planeta.
(*)
Periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía
Política del Paraguay, SEPPY. Autor del libro Los Herederos de Stroessner.
Recientemente, los gobiernos de los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aprobaban expulsar de sus territorios a la USAID,
la Agencia de EEUU para el Desarrollo (1). Esta agencia estatal,
dedicada en teoría a financiar proyectos de cooperación para el
desarrollo en naciones empobrecidas, se ha dedicado desde hace años a
inyectar millones de dólares a sectores de oposición política a los
gobiernos de izquierda de América Latina (2).
(Tomado de La Pupila Insomne)
