jueves, 6 de diciembre de 2012

Paradojas de la paz en Colombia

(Tomado de La Pupila Insomne)
Iroel Sánchez
farcLas FARC-EP y el gobierno colombiano reanudaron, luego de un receso de cinco días, las conversaciones de paz que sostienen en la capital cubana.
El anuncio de un foro de la sociedad civil -auspiciado en Bogotá por la ONU y la Universidad Nacional- para recoger propuestas sobre el primero de los cinco puntos acordados en la agenda, llamado desarrollo agrario integral, que presupone la modificación de las relaciones de propiedad en el campo colombiano. Es el primer asunto de un temario que abarca además garantías para la participación política de los guerrilleros, el narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto armado.  El foro de la sociedad civil sesionará desde  el 17 de diciembre y también se acordó a partir del 7 de este mes que una página web podrá recibir propuestas sobre el tema del desarrollo agrario integral.
El problema del acceso a la tierra en Colombia, marcado por el latifundio y también por el control de las riquezas mineras en manos de empresas transnacionales, está en la base del conflicto armado más prolongado de Latinoamérica. En cuanto a la participación política, los guerrilleros no olvidan que en la década de los 80 del siglo pasado un proceso negociador les cedió un espacio civil a través de un partido de nombre Unión Patriótica que rápidamente devino la tercera fuerza política del país pero miles de sus dirigentes fueron asesinados en muy corto plazo. El tema de las víctimas es visto de manera radicalmente distinta por las partes: el gobierno pide a la guerrilla “pronunciamientos claros y categóricos” sobre la práctica de retener en su poder prisioneros de guerra y civiles -algo que ha restado apoyo a los insurgentes y que éstos han declarado haber descontinuado- y por su parte las FARC-EP insisten en que el terrorismo de estado sigue siendo común en ese país, como demuestran las revelaciones del 2008 sobre  los “falsos positivos” que pretendían hacer aparecer a civiles asesinados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
El tema del narcotráfico es un fenómeno que marca gran parte de la vida colombiana, donde jueces, políticos y empresarios a todos los niveles han sido acusados de vínculos con las mafias de la droga y muchos campesinos empobrecidos por las políticas neoliberales ven en el cultivo de plantas alucinógenas una vía de sobrevivencia, mientras desde el poder se acusa a la guerrilla de cobrar impuestos a la extracción de la hoja de coca en las áreas bajo su control.
En el terreno militar, el gobierno colombiano no ha aceptado la tregua unilateral declarada por la guerrilla y la semana inició con informaciones del ejército acerca de una nueva ofensiva que habría cobrado veinte bajas mortales a los insurgentes. Algo que un dirigente de las FARC-EP, que participa en las conversaciones de La Habana, calificó irónicamente como “regalo de navidad del gobierno”.
En medio de realidades tan complejas, ambas partes han sido discretas respecto al contenido de las conversaciones, aunque representantes de la guerrilla manifestaron a finales de noviembre una valoración optimista de su desarrollo y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó este lunes de positivos los primeros pasos a e insistió en que los diálogos deben concluir a más tardar en noviembre de 2013, un límite con el que las FARC-EP no están de acuerdo.
Desde que comenzaron las negociaciones en el habanero Palacio de Convenciones, los representantes de las FARC-EP han estado haciendo un uso intensivo de la prensa mientras los delegados del gobierno colombiano han sido parcos, reiterando que no negociarán ante los micrófonos. Como una expresión paradojal de la complejidad de este proceso, la guerrilla, acusada por los medios y el discurso oficial de la Unión Europea y Estados Unidos de terrorista, insiste en el cese al fuego y utiliza constantemente la comunicación política, mientras sus contrapartes hablan poco y mantienen viva la violencia armada en las montañas colombianas. (Publicado en CubAhora)

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Cuba y EE.UU. a trece años del caso Elián

(Tomado de La Pupila Insomne)
Iroel Sánchez
Los políticos cubanoamericanos Ileana Ros_lehtinen y Lincoln Díaz-Balart con el niño Elián en Miami
Los políticos cubanoamericanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart con el niño Elián en Miami
Por estos días de 1999 circulaban, desde la ciudad de Miami, las primeras noticias alrededor de un hecho que jamás debió ocurrir. La llegada a las costas de La Florida del niño Elián González, luego de un naufragio en que pereciera su madre, era convertida por los grandes medios de comunicación en materia prima para la demonización de Cuba.
Políticos caracterizados por su hostilidad hacia la Isla se retrataban junto al niño que apenas cumplías seis años y lo exhibían como trofeo de una guerra donde acumulaban demasiadas derrotas. Familiares lejanos, asentados en La pequeña Habana de Miami, recibían de las autoridades norteamericanas la custodia del pequeño y se negaban a devolverlo a su padre que lo reclamaba en Cuba.
Lo que en cualquier lugar del mundo hubiera  sido un un trámite de rutina, se convertía, gracias a la política migratoria esgrimida como arma propagandística contra Cuba  por Estados Unidos, en un proceso que vulneraba los derechos de un padre sobre su hijo reconocidos universalmente.
Fue necesaria una batalla de más de seis meses para que se impusiera el sentido común y un sencillo trabajador derrumbara, con su insistencia en vivir en Cuba junto a su hijo, los estereotipos construidos por decenios de progaganda. La Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política norteamericana de “Pies secos- pies mojados”, que otorgan la residencia automática a todo cubano que arribe a ese país bajo el supuesto de considerarlo refugiado político, han sido la base para absurdos como el caso del niño Elián Gonzéz.
Estados Unidos rectificó entonces un caso que hizo demasiado evidentes las inconsecuencias de su política hacia Cuba pero dejó intacta la maquinaria que las sostiene: bloqueo económico, acogida a la emigración ilegal y financiamiento gubernamental a la propaganda que la estimula a través de una amplia asignación de fondos para emisoras de radio y televisión, sitios en internet y acciones de subversión interna.
Trece años después, tales políticas están aún más en tela de juicio. Los recientes cambios en la regulaciones migratorias cubanas han dado un golpe significativo a quienes insisten en convertir la emigración en un arma política contra la Isla, la condena al bloqueo en los foros internacionales marca record históricos y la permanencia en prisión del “contratista” Alan Gross -por cumplir tareas del gobierno norteamericano en su estrategia de “cambio de régimen” hacia la Cuba- hacen crecer las denuncias al interior de Estados Unidos para que se deje de utilizar el dinero de los contribuyentes norteamericanos en acciones que sólo cosechan fracasos. Es hora de que algo cambie en Washington. (Publicado en CubAhora)